El Banco de España (BdE) acaba de publicar, como hace habitualmente, los datos de deuda pública del tercer trimestre, es decir, la deuda acumulada por las administraciones españolas hasta septiembre de 2015. Se publicaron el pasado 11 de diciembre aunque se muchos medios se habían hecho ya eco cuando en noviembre el BdE avanzó los datos. Medios y redes han destacado que la deuda soberana en nuestro país se eleva ya al 99,3% del PIB, superando en septiembre las previsiones fijadas por el gobierno de Rajoy para todo el año. Y es que el Estado español rompe año tras año todos los records en lo que a deuda pública se refiere.
¿Que se esconde tras ese 1.062.315.000.000 € de deuda pública?
Sí, 1,06 billones de euros … billones como en millones de millones, es decir, 22.883,34 € por cada habitante español. Esta es una de las principales cuestiones que pretendemos responder desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.
Para ello hemos publicado recientemente un informe que analiza la evolución de la deuda española desde el año 2000 hasta 2014 (podéis encontrar el análisis completo aquí). Hemos recopilado datos oficiales y los hemos analizado para explicar el cómo y los porqués de la evolución de la deuda pública, así como las razones que han motivado las medidas de austeridad llevadas a cabo. Con ello queremos darle la vuelta al discurso oficial, el de una deuda bajo control y que no supone una amenaza para nuestros derechos o nuestro bienestar.
El relato neoliberal: la deuda bajo control
Cuando en los medios, desde el gobierno o los partidos políticos se valora la situación de la deuda española, se hace desde el punto de vista del relato neoliberal. Bajo la apariencia objetiva de los técnicos economistas, se presenta una situación en la que la evolución de la deuda pública está bajo control y las medidas de austeridad son la razón para ello.
Las buenas perspectivas que apunta el Gobierno de Rajoy para 2016, con una reducción de los intereses de la deuda y del endeudamiento en general, han sido puestas en duda incluso por Bruselas. Estas perspectivas se basan en una previsión de crecimiento económico, que debería llevar a un incremento de los recursos públicos (incluso en un escenario de reducción de impuestos como promete el PP en plena campaña electoral), absolutamente delirante según diversos analistas. El gobierno que salga de las elecciones del 20D deberá revisar sin duda esas previsiones y ese escenario sobre-optimista.
Si bien es cierto que el Estado español se está endeudando con los mercados a intereses muy bajos, incluso negativos en el caso de la deuda a corto plazo, con una prima de riesgo bajísima, también lo es que se trata de una situación que puede cambiar en cualquier momento. La bancada neoliberal ve en el crédito barato que los mercados ofrecen a España un signo de que la crisis de la deuda está superada, alimentando así el espiral de endeudamiento de la administración pública española.
En 2015 el Estado habrá captado en los mercados 239 mil millones de euros en emisiones de deuda y letras del tesoro, de los que unos 50 mil millones son emisiones netas de deuda (es decir, nueva deuda con los mercados, mientras el resto son refinanciaciones), y el ministerio de economía presume de los bajos costes de dicho endeudamiento. En 2016 el Gobierno español tendrá que refinanciar más de 200 mil millones de euros de deuda, dependiendo nuevamente de que los mercados internacionales mantengan su “confianza” en España y los intereses bajo mínimos.
Sin embargo, un incremento de los tipos de interés o una pérdida de confianza de los mercados, generada por cualquier desequilibro interno o externo, o por un cambio en la política de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, puede darle un vuelco a la situación y llevarnos de nuevo a un episodio como el vivido en 2012 con la prima de riesgo disparada. En esta ocasión la situación seria mucho más dramática, ya que el ajuste probablemente requerido llegaría sobre unos servicios públicos y unos derechos sociales reducidos ya a su mínima expresión y con un endeudamiento mucho mayor.
Bajo el relato optimista de la superación de la crisis de deuda se esconde también la farsa del éxito de las políticas de austeridad. Lo cierto es que la deuda sigue lastrando los derechos y el bienestar de la mayoría de la población española. Los más de 700 mil millones de deuda emitida desde 2013 podrían haber servido para invertir en economía productiva y generar puestos de trabajo. Pero han ido a pagar la deuda, a rescatar los bancos o financiar grandes infraestructuras de dudosa utilidad social y viabilidad económica. Los pagos de deuda y sus intereses, realizados en base a nuevo endeudamiento, siguen siendo aún hoy la razón para seguir aplicando recortes, teóricamente para hacer frente a unos límites de déficit fijados desde Bruselas. Unos límites y una austeridad definidas con el único objetivo de desmantelar el Estado del bienestar, generando así mayores márgenes de beneficios para los propietarios del capital.
Lo que nos dicen las cifras: la deuda fuera de control
Hemos visto que el relato neoliberal de una crisis de deuda superada se basa en previsiones irreales y en el inestable flujo de crédito barato. ¿Qué nos dicen las cifras? ¿se ha superado la crisis de la deuda pública?
La deuda de la economía española alcanzaba a finales de 2014 la escandalosa cifra de 4,49 billones de euros. Esto equivale al 424% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, la deuda es más de cuatro veces lo que produce la economía real. Esta deuda se ha multiplicado por 2,6 entre el año 2000 y 2014. España, sigue por tanto teniendo un problema enorme de deuda privada.
Entre 2000 y 2007, años previos al estallido de la crisis, la deuda privada se disparó (aumentó en 2,77 billones de €) mientras que el endeudamiento público prácticamente no se vio incrementado (en términos nominales, aumentó sólo 39.258 millones de €). Por lo tanto, el problema de la deuda pública hoy difícilmente se puede atribuir a un excesivo gasto público, mediáticamente señalado como ’generador de déficit’. Desde el punto de vista de servicios públicos, lejos de ’vivir por encima de nuestras posibilidades’, lo cierto es que el gasto público se sitúa en España en todo este período por debajo de los países de nuestro entorno. El porcentaje de inversión en servicios públicos respecto al PIB en el caso español está por debajo de la media de los 27 países europeos.
Es a partir de 2007 cuando se dispara la deuda pública, desde los 646 mil millones de € en 2007 hasta el 1,06 billones de hoy. Un incremento debido principalmente al desequilibrio fiscal generado por la disminución de recaudación, y por un aumento de los gastos, entre otros por un mayor coste en las prestaciones de desempleo, pero también por el incremento del pago de intereses de la deuda y, por supuesto, a causa del rescate bancario. Desde 2007 la deuda privada se ha visto reducida en 657.167 millones de euros, sobretodo por la reducción del endeudamiento de las familias y de las empresas no financieras.
En definitiva, la deuda soberana, tanto en términos absolutos como relativos al PIB, no ha dejado de crecer, pasando de 440 mil millones de euros en el año 2000 al más de un billón de euros acumulado hasta septiembre de 2015. Una deuda que cómo argumentábamos sigue teniendo un impacto directo en el bienestar de la población.
En los presupuestos de 2016, aprobados con prisas y sobre premisas poco rigurosas cuanto menos, los intereses de la deuda se comen 33.490 millones de euros. Una cifra sensiblemente inferior a la de 2015, debido a los mejores tipos de interés a los que se financia el Estado. Aún con eso sigue siendo la tercera partida presupuestaria, después de las pensiones y las transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos.
El pago de dichos intereses ha aumentado un 84% desde el estallido de la crisis (2007), incremento que no se han compensado con un aumento de los ingresos, más bien al contrario. Entre 2007 y 2014 se han pagado 613 mil millones de euros en intereses, y hasta 1,7 billones si sumamos intereses y amortización de la deuda pública. En sentido contrario, miles de millones de euros han sido “recortados” de las partidas de gasto social, con los impactos que ya conocemos.
Últimamente se apunta a las comunidades autónomas para explicar el déficit y el incremento de la deuda pública. Sin embargo, la deuda de la Administración central es la que más ha crecido, un 183% desde 2008 (frente al 169% de aumento de la deuda de las comunidades autónomas en el mismo período). Tres cuartas partes de la deuda pública corresponde a la de la administración central, un 20% a la deuda de las comunidades autónomas, y tan sólo un 3% y un 2% a la de los ayuntamientos y la seguridad social respectivamente.
En realidad, para entender el aumento de la deuda, más que mirar a los gastos, a pesar de la importancia del impacto del incremento de los intereses o el rescate bancario, hay que mirar a los ingresos. Y es que desde 2007 se han reducido un 12% los ingresos fiscales, principalmente por un regresivo e ineficiente modelo tributario. Entre 2007 y 2012 (años en los que tenemos datos de ingresos consolidados) el impuesto de sociedades ha dejado de ingresar 27.781 millones de euros. El impuesto sobre la renta, principal fuente de ingresos fiscales (y que recae sobretodo en el esfuerzo de las clases trabajadoras) ha dejado de ingresar 2.600 millones de euros. El ajuste por el lado de los ingresos se ha hecho de forma casi exclusiva a través del aumento de impuestos regresivos como el IVA. Pero en un contexto de regresión y estancamiento del consumo, esta medida ha tenido poco impacto recaudatorio real. Al reducirse los ingresos fiscales el Estado ha seguido acudiendo al endeudamiento como fuente de financiación, adentrándose cada vez más en la espiral de la deudocracia.
