El TiSA pondrá en bandeja de plata a las empresas el control de los datos de los cientos de millones de ciudadanos que viven en los 50 países que lo firman. Las multinacionales tendrán carta blanca para almacenar, procesar o transferir información personal “siempre que esa actividad esté en conexión con la gestión del negocio de ese proveedor de servicios”, lo que en la práctica supone dar carta blanca a las corporaciones y a sus filiales. De hecho, la única excepción al cumplimiento de este acuerdo que contempla EEUU es la defensa de los “intereses esenciales de seguridad” de los países firmantes del Trade in Services Agreement (TiSA), que la Comisión Europea negocia con el máximo sigilo en nombre de los 28 estados de la Unión.
Público ha tenido acceso en exclusiva en España a los últimos documentos filtrados por WikiLeaks al respecto, mientras los negociadores intentan mantener en secreto estos textos hasta cinco años después de la ratificación del acuerdo. Una ratificación que requiere del visto bueno del Parlamento Europeo, institución que hasta la fecha ni siquiera se ha pronunciado sobre el TiSA.
Hace cuatro semanas este diario adelantó una primera versión del Anexo sobre Comercio Electrónico del TiSA, que plantea permitir a las empresas operar con datos personales de los ciudadanos de otros estados sin contar siquiera con una sede física en estos países. La nueva versión del documento viene a ratificar esta posición, plasmando además la insistencia de Washington porque ninguno de los estados “pueda impedir a un suministrador de servicios” que maneje estos datos a su antojo.
De hecho, EEUU no figura entre los países impulsores de los artículos tres y cuatro del documento –Protección al Consumidor en la Red y Protección de Información Personal–, y la UE sólo aparece en el primero, por lo que no está entre los países que defienden con más fuerza el establecimiento de un mínimo marco de protección de los datos de los consumidores en el pacto secreto, al que se supeditarán las normativas nacionales, regionales y locales de los firmantes, entre los que se encuentran además algunos paraísos fiscales, como Suiza. “Las partes reconocen los beneficios económicos y sociales de proteger la información personal de los usuarios del comercio electrónico, y la contribución que esto supone para mejorar la confianza de los consumidores en esta forma de comercio”, reza el texto.
Tampoco cuentan con la UE ni con EEUU entre sus impulsores los apartados dos y tres del mismo artículo, que urgen a los estados a hacer pública su forma de proteger estos datos personales, y a asegurarse de que “su marco legal nacional para la protección de la información personal de los usuarios de comercio electrónico es aplicada de forma no discriminatoria”.
El peligro de la “razonable administración de la red”
El artículo 8 del documento -Redes Abiertas y Acceso y Utilización de la Red- sí cuenta con EEUU entre sus impulsores, y en su primer apartado recoge tres puntos que reconocen el derecho de los consumidores a acceder a la red, pero que también podrían servir para dejar la puerta abierta a un futuro control de la Red de redes, aludiendo a una “razonable administración de la red”. “Cada parte reconoce que los consumidores de su territorio, y en base a las leyes y normativas deben poder acceder y utilizar aplicaciones de su elección disponibles en internet, sujetas a una razonable administración de la red”, reza, sin aportar un solo detalle sobre esta “razonable administración”.
El artículo 10 obliga a los estados a acabar con las trabas para las firmas digitales que utilicen el resto de socios -“una parte no deberá negar la validez legal de una firma únicamente por el hecho de que esta esté en formato electrónico”-, mientras el 12, que sí respalda la UE, pide que las entregas electrónicas no estén sujetas a aranceles, aunque aclara que esto no impide a un país establecer impuestos sobre estas entregas.
La última versión filtrada del Anexo sobre Comercio Electrónico tiene una extensión de 18 páginas, y de ser aplicada podría representar una vulneración de los compromisos internacionales de muchos países firmantes, como las Privacy Guidelines de la OCDE o la Data Protection Directive de la UE.
Como ya avanzó este diario, el pacto prohíbe explícitamente cualquier restricción en el flujo de estos datos a través de las fronteras de los firmantes, e insiste en este punto: “Las partes no impedirán a los proveedores extranjeros de comercio electrónico, ni a los clientes de dichos proveedores transferir información internamente o a través de fronteras, acceder a la información públicamente disponible o a acceder a su propia información almacenada en el extranjero”.
La delegación de Izquierda Unida en el Europarlamento ya ha elevado varias preguntas escritas a la Comisión sobre el TiSA, como responsable de las negociaciones por parte de toda la UE, pero hasta la fecha las instituciones comunitarias han permanecido mudas sobre este pacto secreto , como se mostraban hasta hace apenas unos meses en relación al TTIP, el acuerdo de libre comercio entre la UE y EEUU que sigue ganándose cada vez más detractores. La expectación mediática creciente sobre el TTIP también está creciendo, y tal vez podrá servir para obligar a Bruselas a arrojar algo más de luz sobre este acuerdo, negociado de espalda a la ciudadanía.