La crisis económica ha sido el escenario perfecto para justificar la intensificación de la estrategia de degradación de los derechos laborales y la adopción de drásticas reducciones de los servicios públicos y de la protección social que están normalizando la precarización de las mayorías sociales de la Unión Europea.
Desde sus orígenes, la construcción del mercado interior y la posterior realización de la Unión Económica y Monetaria han venido suponiendo la paulatina destrucción de los rasgos característicos del Estado Social. Desde los servicios públicos a los derechos laborales han sufrido las consecuencias de la voluntad de establecer las libertades de circulación y la libre competencia. Posteriormente, con el establecimiento de la moneda única y con la ulterior creación de los mecanismos de gobernanza económica la UE ha establecido la vía perfecta para incidir en los modelos socio-laborales nacionales, marcando sus reformas de manera directa o indirecta (con los Memoranda o las Recomendaciones por País) aun en materias donde la UE carece de competencias como es la fijación de salarios.
La crisis iniciada en el año 2008 ha sido la excusa perfecta para la justificación de este tipo de políticas ante la ciudadanía. Tanto los gobiernos nacionales que han acatado y aplicado estas medidas como las Instituciones de la UE que las desarrollan han construido un marco teórico según el cual la precarización de las condiciones de trabajo es imprescindible para “salir” de la crisis iniciada en 2008 puesto que permiten un incremento de la competitividad. En particular, los países del sur de Europa y en concreto España se han visto lanzados a una carrera a la baja de derechos sociales y laboral como vía para conseguir atraer la inversión extranjera e incrementar su competitividad internacional. El resultado ya conocido como “precarización” (la incertidumbre vital (laboral y social) acerca de la capacidad de sostener las condiciones mínimas de vida en el futuro inmediato) se extiende sin freno, afectando tanto a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral como a aquellas y aquellos que disfrutaban de derechos ganados durante décadas mediante luchas sindicales y políticas.
La contestación a esta dinámica no es sencilla y no pasa por una vuelta al pasado. Es imprescindible revertir esta senda, pero no sólo mediante la recuperación de los derechos sino a través del diseño de alternativas a la tradicional relación capital-trabajo y de la ruptura de esquemas vigentes como la división sexual del trabajo o el vínculo entre trabajo remunerado y derechos sociales. El actual paradigma económico basado en la automatización de tareas y en la generación de conocimiento impone cuestiones que no pueden resolverse con políticas tradicionales. La necesidad de distribuir el trabajo existente revive el debate sobre la renta básica, implementada de forma desigual en la UE y la reconceptualización del propio concepto de trabajo, de la división sexual del mismo y de la urgencia de reconocer los cuidados y valorizarlos, de las estructuras normativas del empleo asalariado, del papel del Estado y del sistema de seguridad social. Las diferencias de ingresos entre sectores y regiones en Europa incrementan la movilidad laboral y los problemas que se derivan de ella. Los nuevos conflictos se suman a otros bien conocidos como las dificultades de los sujetos colectivos para representar al conjunto de las y los precarios: ¿qué sujetos políticos y que formas de acción política deben darse en el ámbito del trabajo en la UE?
Toda estrategia en este sentido debe superar las fronteras estatales y plantearse como base de la reconstrucción de un espacio europeo de derechos y como condición necesaria para redefinir y refundar las políticas e instituciones europeas. Es necesario elaborar de manera conjunta nuestro Plan B en materia laboral y social.