- El Comercio es una actividad que engloba cuestiones económicas, laborales, legales y medioambientales. El Comercio Internacional se ha venido desarrollando estos últimos años como un arma de control y subordinación sobre los Estados por parte de los grandes poderes económicos, minando los derechos y libertades tanto de los propios Estados como de los agentes sociales y del medio ambiente.
- No podemos entender sociedades sin Comercio, pero éste no puede convertirse, como lo es hoy, en un arma en manos de ciertos Estados y grandes poderes económicos con la finalidad de subordinar los derechos y libertades sociales, medioambientales y económicos de la mayoría, a los beneficios de unos pocos.
- El Comercio Internacional puede y debe ser una herramienta para la extensión de bienestar, derechos y libertades, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. Pero hoy grandes poderes económicos, apoyados en los Estados hegemónicos, utilizan la supremacía comercial para subyugar a otros Estados, expoliar recursos naturales, minar derechos y libertades de la ciudadanía y la democracia, e institucionalizar la impunidad de las compañías transnacionales.
- Debemos repensar, debatir y decidir sobre un Comercio Internacional que sirva para extender bienestar, derechos y libertades, profundizar en los mismos, y no socavarlos. Las políticas neoliberales y los tratados comerciales actuales instauran un modelo de comercio que prioriza los beneficios económicos sobre cualquier otro valor. Ni los derechos sociales, laborales, medioambientales ni la Democracia deben ser considerados en ningún caso obstáculos al comercio.
Las políticas neoliberales aplicadas y promovidas por las instituciones europeas, y que se han demostrado nefastas para la mayoría de la población, tienen un máximo exponente en los tratados comerciales que la UE ha negociado o está negociando con terceros países. Dichas políticas priorizan los beneficios económicos ante cualquier otra variable, por lo que muchos de los derechos, libertades, normas y procedimientos vigentes son considerados obstáculos al comercio. Los grandes poderes económicos dirigen de facto las decisiones políticas a nivel institucional europeo, promoviendo la eliminación o minimización de dichos ‘obstáculos’.
Ejemplo de ello son tratados como el CETA, el TTIP o el TiSA, acuerdos que minan el Estado de Derecho y los procesos democráticos con la finalidad de eliminar cualquier impacto negativo que las decisiones o normas estatales puedan tener sobre la actividad comercial.
Por ello es fundamental abordar dichos tratados y sus implicaciones más graves, como los derivados de las cláusulas de protección al inversor, así como el fundamental poder de influencia de la industria sobre las decisiones políticas, y el sistema de tasación que se aplica a las multinacionales en la UE. No podemos dejar de lado el impacto que el comercio ejerce sobre el medio ambiente, y plantear alternativas que lo protejan, y que promuevan los DDHH, que respeten la democracia y el estado de derecho, y que extiendan bienestar a la mayoría de la gente, dentro y fuera de nuestros Estados.