Categoría: Jornadas Febrero

En este eje trataremos los problemas relacionados con la migración en las fronteras comunitarias y las políticas de la UE a este respecto. Por un lado, los flujos migratorios de orden económico que desde los años 90 se han venido intensificando y la respuesta que desde la UE se ha dado: CIEs, muros, concertinas, deportaciones en caliente, represión policial, etc. En definitiva, la construcción de una auténtica “Europa Fortaleza”, donde en los últimos 5 años se han gastado más de 1.800 euros  en blindaje de estas fronteras. También abordaremos “la crisis de los refugiados” que sorprendió a Europa el pasado verano y cuál  ha sido la actuación de los diferentes organismos y regiones: la Unión Europea, las políticas del gobierno griego, las iniciativas de las ciudades del cambio, la respuesta de asociaciones y ONG´s. Por último queremos incidir en el concepto de ciudadanía europea, qué significa ser ciudadano en Europa y quién puede disfrutar de esos derechos. En definitiva, avanzar en la construcción de una Europa democrática pensada por y para las personas.

Tuvimos una mirada atenta a los que sucedía en Grecia con la gestión de la deuda que el gobierno de Syriza podía realizar para hacer frente a las medidas de austeridad de imponía la Troika. Nuestra atención no solo era solidaria también fue una oportunidad para utilizar nuestro imaginario y trasladarlo a nuestro contexto.

Mirar a otro lado en este momento es imposible cuando la deuda en España ya alcanza el 99.5% del PIB ,punto en el cual es ingestionable y pone en riesgo la soberanía. Es imprescindible en este momento generar un espacio de encuentro Europeo que proponga una agenda de trabajo que resista al autoritarismo que corrompe a la Union Europea y sus instituciones teniendo en cuenta la necesidad de la democratización del espacio Europeo.

La democracia no es (ni puede ser) un lujo que ofrecen los acreedores mientras se niega a los deudores

1. El Comercio es una actividad que engloba cuestiones económicas, laborales, legales y medioambientales. El Comercio Internacional se ha venido desarrollando estos últimos años como un arma de control y subordinación sobre los Estados por parte de los grandes poderes económicos, minando los derechos y libertades tanto de los propios Estados como de los agentes sociales y del medio ambiente.
2. No podemos entender sociedades sin Comercio, pero éste no puede convertirse, como lo es hoy, en un arma en manos de ciertos Estados y grandes poderes económicos con la finalidad de subordinar los derechos y libertades sociales, medioambientales y económicos de la mayoría, a los beneficios de unos pocos.
3. El Comercio Internacional puede y debe ser una herramienta para la extensión de bienestar, derechos y libertades, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. Pero hoy grandes poderes económicos, apoyados en los Estados hegemónicos, utilizan la supremacía comercial para subyugar a otros Estados, expoliar recursos naturales, minar derechos y libertades de la ciudadanía y la democracia, e institucionalizar la impunidad de las compañías transnacionales.
4. Debemos repensar, debatir y decidir sobre un Comercio Internacional que sirva para extender bienestar, derechos y libertades, profundizar en los mismos, y no socavarlos. Las políticas neoliberales y los tratados comerciales actuales instauran un modelo de comercio que prioriza los beneficios económicos sobre cualquier otro valor. Ni los derechos sociales, laborales, medioambientales ni la Democracia deben ser considerados en ningún caso obstáculos al comercio.

Las políticas neoliberales aplicadas y promovidas por las instituciones europeas, y que se han demostrado nefastas para la mayoría de la población, tienen un máximo exponente en los tratados comerciales que la UE ha negociado o está negociando con terceros países. Dichas políticas priorizan los beneficios económicos ante cualquier otra variable, por lo que muchos de los derechos, libertades, normas y procedimientos vigentes son considerados obstáculos al comercio. Los grandes poderes económicos dirigen de facto las decisiones políticas a nivel institucional europeo, promoviendo la eliminación o minimización de dichos ‘obstáculos’.

Ejemplo de ello son tratados como el CETA, el TTIP o el TiSA, acuerdos que minan el Estado de Derecho y los procesos democráticos con la finalidad de eliminar cualquier impacto negativo que las decisiones o normas estatales puedan tener sobre la actividad comercial.

Por ello es fundamental abordar dichos tratados y sus implicaciones más graves, como los derivados de las cláusulas de protección al inversor, así como el fundamental poder de influencia de la industria sobre las decisiones políticas, y el sistema de tasación que se aplica a las multinacionales en la UE. No podemos dejar de lado el impacto que el comercio ejerce sobre el medio ambiente, y plantear alternativas que lo protejan, y que promuevan los DDHH, que respeten la democracia y el estado de derecho, y que extiendan bienestar a la mayoría de la gente, dentro y fuera de nuestros Estados.

La crisis económica ha sido el escenario perfecto para justificar la intensificación de la estrategia de degradación de los derechos laborales y la adopción de drásticas reducciones de los servicios públicos y de la protección social que están normalizando la precarización de las mayorías sociales de la Unión Europea.

Desde sus orígenes, la construcción del mercado interior y la posterior realización de la Unión Económica y Monetaria han venido suponiendo la paulatina destrucción de los rasgos característicos del Estado Social. Desde los servicios públicos a los derechos laborales han sufrido las consecuencias de la voluntad de establecer las libertades de circulación y la libre competencia. Posteriormente, con el establecimiento de la moneda única y con la ulterior creación de los mecanismos de gobernanza económica la UE ha establecido la vía perfecta para incidir en los modelos socio-laborales nacionales, marcando sus reformas de manera directa o indirecta (con los Memoranda o las Recomendaciones por País) aun en materias donde la UE carece de competencias como es la fijación de salarios.

La crisis iniciada en el año 2008 ha sido la excusa perfecta para la justificación de este tipo de políticas ante la ciudadanía. Tanto los gobiernos nacionales que han acatado y aplicado estas medidas como las Instituciones de la UE que las desarrollan han construido un marco teórico según el cual la precarización de las condiciones de trabajo es imprescindible para “salir” de la crisis iniciada en 2008 puesto que permiten un incremento de la competitividad. En particular, los países del sur de Europa y en concreto España se han visto lanzados a una carrera a la baja de derechos sociales y laboral como vía para conseguir atraer la inversión extranjera e incrementar su competitividad internacional. El resultado ya conocido como “precarización” (la incertidumbre vital (laboral y social) acerca de la capacidad de sostener las condiciones mínimas de vida en el futuro inmediato) se extiende sin freno, afectando tanto a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral como a aquellas y aquellos que disfrutaban de derechos ganados durante décadas mediante luchas sindicales y políticas.

La contestación a esta dinámica no es sencilla y no pasa por una vuelta al pasado. Es imprescindible revertir esta senda, pero no sólo mediante la recuperación de los derechos sino a través del diseño de alternativas a la tradicional relación capital-trabajo y de la ruptura de esquemas vigentes como la división sexual del trabajo o el vínculo entre trabajo remunerado y derechos sociales. El actual paradigma económico basado en la automatización de tareas y en la generación de conocimiento impone cuestiones que no pueden resolverse con políticas tradicionales. La necesidad de distribuir el trabajo existente revive el debate sobre la renta básica, implementada de forma desigual en la UE y la reconceptualización del propio concepto de trabajo, de la división sexual del mismo y de la urgencia de reconocer los cuidados y valorizarlos, de las estructuras normativas del empleo asalariado, del papel del Estado y del sistema de seguridad social. Las diferencias de ingresos entre sectores y regiones en Europa incrementan la movilidad laboral y los problemas que se derivan de ella. Los nuevos conflictos se suman a otros bien conocidos como las dificultades de los sujetos colectivos para representar al conjunto de las y los precarios: ¿qué sujetos políticos y que formas de acción política deben darse en el ámbito del trabajo en la UE?

Toda estrategia en este sentido debe superar las fronteras estatales y plantearse como base de la reconstrucción de un espacio europeo de derechos y como condición necesaria para redefinir y refundar las políticas e instituciones europeas. Es necesario elaborar de manera conjunta nuestro Plan B en materia laboral y social.

La reciente experiencia del gobierno de Syriza ha mostrado que cualquier voluntad democrática de cuestionar las políticas neoliberales y austeritarias tendrá que hacer frente al entramado institucional de la Unión Europea, con toda su diversidad y contradicciones. Es necesario por ello ver qué herramientas y qué estrategias pueden utilizarse para abordar los desafíos que la población europea se plantea cuando la UE se lo impide..

Por una parte, las instituciones oficiales de la Unión Europea, (Consejo Europeo, Parlamento Europeo, Comisión Europea, Banco Central Europeo, etc.), basados en los Tratados Europeos. Estas instituciones tienen un funcionamiento formalmente democrático, mediante distintos tipos de representación. Sin embargo, el alejamiento de estas instituciones de la ciudadanía, los principios neoliberales que están inscritos en los tratados, y el desmedido poder de los grandes lobbies industriales y financieros, hacen que sirvan en la mayoría de los casos para defender los intereses de una minoría. Por ello el movimiento popular debe plantearse qué papel pueden, o no, jugar estas instituciones en una estrategia de democratización de una Europa que permita políticas económicas y sociales más justas.

En segundo lugar, paralelamente a estas instituciones, se han desarrollado otras paralelas, no sometidas a control democrático, como son el Eurogrupo o la troika. Estas asociaciones o “clubes informales” como ellos mismos se definen en ocasiones, condensan el poder político del capital financiero y han aparecido, en calidad de “acreedores”, como los verdaderos dictadores de las políticas económicas de los países de la periferia. Mediante el chantaje y la amenaza, han logrado imponer sus políticas a un gobierno que se encontró con muy poco margen de maniobra. Ante esto, cualquier estrategia que pretenda emanciparse de la austeridad debe plantearse de qué herramientas políticas y  medidas económicas debemos dotarnos para enfrentar este chantaje.

En esta disyuntiva, la cuestión de la moneda única se ha situado como central. Un día símbolo del progreso económico y el acercamiento entre los pueblos de Europa, hoy el Euro aparece en muchos casos como un yugo que obliga a los países del Sur a someterse a políticas económicas absolutamente contraproducentes. El debate estratégico está abierto. ¿Admite la institucionalidad europea una reforma a fondo del Sistema Euro?.¿Cuáles serían las consecuencias de una ruptura del euro? ¿Es posible una salida del euro progresista, y en qué condiciones lo es? ¿Hasta dónde debe estar dispuesto a ceder un gobierno para evitar una expulsión de la moneda única? ¿Hay herramientas intermedias como sistemas de pago paralelos o monedas alternativas que pudieran dar más margen frente a las imposiciones del BCE y la troika?