¿Una Unión Europea neoliberal y autoritaria para siempre?

Introducción

El texto busca alertar sobre algunas de las políticas decretadas en el seno de la Unión Europea en los últimos años que afectan la vida diaria de las personas. Entre ellas, la intervención de Bruselas para ajustar las políticas presupuestarias, fiscales o laborales de cada país más aún a favor de la patronal y en detrimento de la clase trabajadora. También las negociaciones de un Tratado de Comercio e Inversiones con los EEUU que podría tener impactos descomunales sobre los derechos sociales, laborales y ambientales.

En los últimos cinco años los poderes políticos y económicos de la Unión Europea han aprovechado la crisis y el miedo de la mayoría de la población (a perder su empleo o prestaciones sociales) para acometer una serie de legislaciones que ha formado una verdadera “doctrina de choque”. Se intenta confundir a la opinión pública pues se discuten estas leyes como si fueran meros asuntos técnicos, cuando en realidad afectan a aspectos básicos de nuestras vidas. Entre ellos, menores salarios, más paro y precariedad, servicios públicos privatizados, desahucios, una intensificación de la opresión, dominación y explotación patriarcal, la pérdida de pensiones, aumento de los impuestos y precios de los bienes y servicios más básicos, violación del derecho de atención médica adecuada, redadas racistas, represión policial, tasas judiciales, contaminación y cambio climático, pobreza energética o el desmantelamiento de programas de ayudas y becas.

Desde el estallido de la “crisis del euro” en 2010 y la aprobación de un paquete de préstamos a Grecia -que en realidad era para pagar los servicios de la deuda a la banca europea-, la Comisión Europea y el Consejo de la UE han adoptado un gran número de nuevas reglas, leyes, acuerdos e incluso un Tratado, con la intención de abordar la crisis con una formula bien definida: una vuelta de tuerca neoliberal y autoritaria, recortes en gasto social, privatizaciones, eliminar derechos sociales y laborales, asegurar el pago a los acreedores, incrementar el poder del gran capital (o lo que se ha llamado “austeridad”). Se trata de un complejo sistema regulador que incrementa enormemente el poder de las decisiones políticas en manos de tecnócratas en la Comisión y el BCE, instituciones fuertemente penetradas por el poder financiero y económico, haciendo muy difícil, sino imposible, a la sociedad organizada interferir en la toma de decisiones o cambiar las relaciones de poder. Un ataque a los derechos y libertades en toda regla, y muy similar al que sufrieron los pueblos de América Latina, África y Asia en los años 80 y 90 con los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el FMI para asegurar el pago de la deuda externa ilegítima.

Esto se ve claramente en las políticas adoptadas sobre Grecia, Portugal y el Estado español con las condiciones exigidas por los préstamos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)[1]. Los países deudores han sido obligados a aplicar medidas antisociales e inhumanas, dictados por los “Memorandums de Entendimiento”. El resultado ha sido una mayor concentración del poder económico, gigantescos beneficios para el gran capital y el abaratamiento de los salarios que ha exacerbado la crisis social y ambiental. Además, la crisis económica ha sido la “perfecta” excusa para aprobar leyes en el Estado español que suponen un ataque brutal a los derechos y las libertades, como el cambio del artículo 135 de la Constitución, la Reforma Laboral, la Ley Wert o la Reforma del Sector Eléctrico (otras están en trámite como el anteproyecto de ley del aborto que devuelve a las mujeres al Franquismo en materia de derechos o la Ley de Seguridad Ciudadana).

Pero el ataque no sólo tiene lugar en los países “rescatados”. Se está diseñando un complejo conjunto de directrices para aplicar las mismas medidas en todos los países de la UE. Con la UE estudiando propuestas de los “Contratos de Competitividad” y una “armonización regulatoria”, es evidente que el impulso para implantar medidas neoliberales no ha terminado.

La Comisión Europea: instrumento para la “Gobernanza económica” neoliberal. Una perspectiva de la situación

En los últimos años se han adoptado leyes que promueven medidas similares en todos los países de la UE. Su efecto combinado es fortalecer instituciones no elegidas democráticamente para controlar las políticas económicas, fiscales, laborales y controlar el gasto público de cada país. Entregar la soberanía política de la población –o lo que quedaba de ella- sobre asuntos vitales a tecnócratas de la Comisión Europea y del BCE. Se trata, pues, de profundizar en la construcción de un sistema de poder económico-político, autoritaria y patriarcal, que garantice la continuidad de las mismas reglas capitalistas y neoliberales. Con unas cuotas de corrupción jamás vistas, a nadie sorprende que BusinessEurope, la organización de lobby que reúne la voz y las demandas de las diferentes organizaciones empresariales de Europa, haya trabajado mano a mano con la Comisión Europea y los Gobiernos de la UE para preparar las cumbres y sus conclusiones.

Para entender lo que está en juego es necesario hacer un repaso de las medidas más relevantes, entre las que se encuentran “el Semestre Europeo”, el “Pacto del Euro” (EuroPlus Pact), el “six-pack”, el “Pacto fiscal” y el “two-pack”.

El Semestre Europeo se puso a prueba en 2011 y ahora es parte de la rutina. Cada año, en abril, todos los Estados miembros aportan sus borradores de presupuestos generales del año siguiente para que se discutan con la Comisión Europea. Después, en junio, el Consejo Europeo discute los presupuestos de todos y cada uno de los países y presenta “recomendaciones”. Todo esto ocurre en secreto y antes de que los parlamentos nacionales conozcan los presupuestos o se pronuncien. Las recomendaciones – o Programas Nacionales de Reformas[2]– se basan en la errónea suposición de que la crisis se originó por un “exceso” del gasto público. Como consecuencia, a muchos Estados se les ha recomendado privatizar sus sistemas de pensiones, reducir las jubilaciones anticipadas y aumentar la edad de jubilación, recortar los presupuestos destinados a la seguridad social y acometer reformas laborales todavía más duras. Además cumple el compromiso de la UE con el capital privado de privatizar los bienes públicos todavía existentes (servicios públicos, empresas públicas, bienes comunes como agua, bosques, costa, etc.).

A comienzos de 2011 se introdujo el Pacto del Euro, con dos aspectos clave. Primero, en lo que a estabilidad presupuestaria se refiere, el pacto establece que “para asegurar la total implementación del Pacto de Crecimiento y Estabilidad (que establece los límites conocidos para el déficit presupuestario del 3% y la deuda pública del 60% del PIB), se supervisará de forma preferente la sostenibilidad de las pensiones, la sanidad y los servicios sociales”. En otras palabras, los recortes deben recaer en el gasto social. En segundo lugar, y para “fomentar la competitividad”, hay que atacar los salarios e introducir una mayor “flexibilidad” en el mercado laboral.

El six-pack (seis leyes europeas independientes que entraron en vigor en enero de 2012) somete las políticas presupuestarias de los Estados miembros a una estricta supervisión para asegurar que el techo de deuda y déficit se cumplen a rajatabla. Si un estado incumple estas premisas se enfrentará a severas sanciones, si no se ciñe a un rígido plan elaborado por los tecnócratas de la Comisión (recogido en los Programas Nacionales de Reformas). Y si un estado miembro tiene un alto nivel de deuda, puede ser castigado tan severamente como lo están experimentando con Grecia. El six-pack también se ha utilizado para supervisar y eliminar los “desajustes macroeconómicos” (así se le llama a salarios dignos y gasto social). Esto implica que la convergencia económica debe alcanzarse mediante una armonización legislativa a la baja, con menores salarios según demanda la competitividad (o sea la patronal, el capital financiero, los inversores extranjeros), bajo gasto social, etc.

Por su parte, el Pacto Fiscal es un tratado que incluye a todos los Estados miembros de la UE menos Reino Unido, Suecia, la República Checa y Hungría. También sigue la lógica de que la deuda pública es el principal problema, y tiene, por tanto, como principal foco de atención los déficits de los estados miembros. Según este nuevo tratado los países firmantes deben adoptar una legislación que obligue a los gobiernos, actuales y futuros) a no sobrepasar un déficit del 0.5 por ciento si su deuda es superior al 60% del PIB, o del 1% si su deuda es inferior. Esta norma garantiza que las políticas de austeridad se mantendrán en el futuro. No existe la opción para los países firmantes abandonarlo sin tener que dejar también la eurozona, y posiblemente la UE al completo.

El Pacto Fiscal también fuerza a los Estados miembros a reducir su deuda pública (como mínimo al 60%). Como resultado de la ingeniería financiera y el fraude fiscal, políticas fiscales injustas y del desplome de ingresos[3], así como los enormes rescates a los bancos (en el caso español: 1,4 billones de euros)[4] y grandes corporaciones (en el caso español, el «Plan E», el Plan PIVE), la deuda pública en la eurozona en 2012 era del 90,60% del PIB como media[5]. Esto significa que los países están ahora obligados a aplicar medidas de “austeridad”. Si no reducen la deuda lo suficientemente rápido, tendrán que ceder una parte importante de su soberanía a la Comisión Europea, la cual aumentará la presión e impondrá duras sanciones.

El tratado obliga a dar prioridad y a constitucionalizar el pago de la deuda y, en consecuencia, a recortar salarios, gastos y prestaciones sociales. Sirve como coartada para desmantelar y privatizar los servicios públicos e implantar reformas laborales que vulneran los derechos de las y los trabajadores. El gobierno de Zapatero, con la complicidad del PP y del PSOE, y mucho antes de entrar en vigor el Pacto Fiscal, cambió el artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, para garantizarse el cobro de toda deuda por encima de cualquier otro uso de fondos públicos.[6]

Por todo ello, el Pacto Fiscal implica una deriva autoritaria –aun mayor- y un cambio en el funcionamiento de los parlamentos nacionales porque transfiere casi totalmente el control presupuestario a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. En este sentido, sigue la misma lógica que los préstamos del FEEF y el MEDE, los cuales influyen negativamente sobre los derechos sociales y laborales  así como las libertades en los países que han sido “intervenidos”.

Por último, con la entrada en vigor del two-pack (paquete de dos leyes) en mayo de 2013, los Estados miembros que necesiten un préstamo de otro Estado, del MEDE o del FMI podrán ser sometidos a una supervisión reforzada por la Comisión Europea y el BCE, lo que implica una dinámica de monitorización (o sea de facto intervención permanente), con la imposición de un “programa de ajuste macroeconómico”. Además, los gobiernos deberán seguir un procedimiento cuando elaboren los presupuestos del año siguiente.

El plan de los “Cuatro Grandes Gángsteres”

Las siguientes etapas del proceso de imposición de la gobernanza económica en la UE ya se están preparando, entre otros por los “Cuatro Grandes Gángsteres”, a saber: el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso; el presidente del BCE, Mario Draghi; y el presidente de los ministros de economía de la Eurozona (antes Claude Juncker, ahora Jeroen Dijsselbloem). En la Cumbre de la UE en junio del 2012, estos personajes proponían las siguientes etapas para la integración Europea: unión fiscal, mayor integración de la política económica y unión bancaria.

La unión fiscal: presupuestos pre-aprobados

La propuesta de una unión fiscal tiene dos elementos principales. El primero es un presupuesto común en la eurozona. El segundo, un conjunto de nuevas medidas para implantar políticas de recortes y ataques a los derechos sociales y laborales.

Para el poder económico y político la unión fiscal es la respuesta “lógica” a la crisis del euro. No tienen en cuenta, sin embargo, que la unión económica y monetaria ha dado lugar a desequilibrios récord en la balanza comercial de numerosos países de la UE. Este es uno de los principales factores que han contribuido a desencadenar la crisis financiera de 2007-2010. Los déficits por cuenta corriente han dado lugar a problemas de presupuesto público y de endeudamiento.

A finales de los años 80, tras la entrada en vigor del Acta Única Europea (1985), Bruselas encargó un informe que indicaba que el establecimiento del Mercado Único Europeo, que se puso en marcha para finales de 1992, crearía entre 2 y 5 millones. Lo que ocultaban era cuántos empleos se destruirían. Hoy, veinte años más tarde, en la UE hay 26 millones de personas sin empleo y otras tantas trabajadoras y trabajadores con un sueldo de miseria. Además, la entrada en la UE y la adopción del euro causó la desindustrialización parcial de los países mediterráneos.

Las propuestas de “los Cuatro Grandes Gángsteres” se dirigen a que el presupuesto se utilice como una herramienta para ejecutar recortes sociales y salariales y liberalización por toda la eurozona. El nuevo presupuesto de la eurozona será gestionado sin control democrático. El objetivo último es asegurar que los estados cumplen con las medidas de ajustes estructurales y que los presupuestos deban ser aprobados de antemano por la Comisión y el Consejo. Todo ello en el contexto de los cánones desarrollados en el Pacto Fiscal, el six-pack y todos los demás elementos del nuevo sistema de “gobernanza económica”.

El siguiente paso en la Política Económica: los contratos de competitividad

Por una integración económica más profunda, se entiende una especie de contrato o “acuerdos de naturaleza contractual” entre los países de la eurozona (de forma individual) y la Comisión. Las medidas se conciben como inalterables. Las políticas económicas se centrarán en reducir el gasto social y privatizar los sistemas públicos de pensiones para asegurar “equilibrio fiscal”, y también en quebrantar los salarios y las leyes laborales para “incentivar la competitividad”. El objetivo es acabar con los convenios colectivos, las leyes que prohíben los despidos, la negociación colectiva e incrementar la liberalización de los servicios. Estos contratos también implican el Semestre Europeo porque las “recomendaciones” adoptadas según éste se harán vinculantes con los contratos.

Con estos contratos se pretende imponer a todos los países del euro las obligaciones que contienen los “memorándums de entendimiento” entre la troika y los países rescatados. En definitiva, otro brutal ataque del poder financiero. Los parlamentos nacionales perderán soberanía de forma evidente, ya que importantes decisiones sobre los sistemas de pensiones, los salarios, las prestaciones por desempleo, la regulación económica y otros aspectos de la política social se harán en Bruselas.

Unión bancaria: una regulación laxa para no cambiar nada

La unión bancaria propuesta de los Cuatro Grandes Gángsteres se estructura en su núcleo con un Mecanismo Único de Supervisión (MUS) que centralizaría la supervisión bancaria europea en las manos del BCE. Al estar el BCE en manos del poder financiero, el control democrático será imposible.

El objetivo teórico de la unión bancaria es supervisar a los bancos con el fin de evitar rescates en el futuro. En realidad, las reglas que supuestamente tiene que imponer el BCE parecen ser notablemente débiles. Por ejemplo, los países miembros no están autorizados a imponer requisitos de capital a los bancos por encima de aquellos acordados en negociaciones internacionales, a no ser que hayan sido aprobados por la Comisión y el Consejo.

Frente a la Troika y el poder corporativo, la lucha y la resistencia

Desde 2009, la respuesta de la Unión Europea a la crisis financiera y la eurocrisis ha puesto de manifiesto con mayor claridad el dominio de la ideología neoliberal. Los grupos de presión de las grandes empresas y del capital financiero ven sus exigencias hechas realidad, mientras que millones de personas están sufriendo pobreza, desempleo, exclusión social, precariedad, discriminación sexista y racista, desahucios, represión policial, entre otras.

La UE ha desarrollado y aprobado procedimientos, leyes, acuerdos y tratados que apuntalan la misma respuesta ante la crisis: ataques generalizados a los derechos sociales, laborales y ambientales. Algunos se aplican vía sanciones, otros a través de la presión o ataques especulativos en los mercados financieros. Como resultado de todo esto, las instituciones de la UE han expandido considerablemente sus competencias en política presupuestaria. Esta “revolución silenciosa” de la Unión Europea, como lo ha bautizado José Manuel Barroso, servirá para imponer principios capitalistas bien definidos que recorten el gasto social y prioricen los intereses empresariales por encima de los derechos humanos.

Las élites han llegado a un consenso general sobre el rumbo a tomar. No será un doloroso programa económico temporal, sino que tiene como objetivo la imposición de las mismas políticas impuestas a Grecia, Irlanda, Portugal y el Estado español como modelo perpetuo de régimen neoliberal para toda la UE. 

Movimientos y organizaciones sociales procedentes de toda Europa se están coordinando de cara a los desafíos planteados en la lucha contra la troika y, de forma más amplia, contra la ofensiva neoliberal y autoritaria llevada a cabo a través de las instituciones de la UE. Aunque parte de esto proviene de las políticas nacionales – arraigada en las estrategias de los propios gobiernos nacionales y élites locales– las políticas de la UE juegan un papel vital. Por esta razón es necesario desarrollar estrategias europeas en paralelo a nuestras luchas locales.

Tom Kucharz

Madrid, febrero del 2014

Bibliografía

– Materiales de la conferencia europea “La UE en crisis: análisis, resistencias y alternativas a la Europa de las multinacionales” (mayo 2012) http://corporateeurope.org/es/la-ue-en-crisis-lisis-resistencias-y-alternativas-la-europa-de-las-multinacionales

– Troika for everyone, forever. Steffen Stierle (ATTAC-Alemania) y Kenneth Haar (Corporate Europe Observatory).

http://corporateeurope.org/blog/troika-everyone-forever

– Blog “EU in crisis” de Corporate Europe Observatory http://corporateeurope.org/es/eu-crisis

– Boletín informativo de TroikaWatch http://www.troikawatch.net

– Notas del encuentro europeo en Ámsterdam https://storify.com/ICANetwork/euincrisis-economic-governance-troika-struggles

– Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda | www.auditoriaciudadana.net

– Seattle-to-Brussels Network: A Brave New Transatlantic Partnership http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/Brave_New_Atlantic_Partnership.pdf

[1] El MEDE, en vigor desde 2012, prestará a los países de la zona euro que no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. A cambio se imponen estrictas condiciones macroeconómicas y recortes. Tendrá una dotación de capital de 700.000 millones de euros, que serán aportados proporcionalmente al peso económico de cada uno de los países miembros. Dicho capital puede ser ampliado en cualquier momento por decisión de sus directivos, dando para ello un plazo de siete días. Es una especie de FMI para Europa que refuerza el poder de los grandes grupos financiero. Gozará de inmunidades frente a procedimientos judiciales que le sitúan al margen de cualquier tipo de control democrático. Sus recursos y activos estarán exentos de restricciones, regulaciones, medidas de control y cualquier moratoria.

[2] http://marcaespana.es/es/economia-empresa/economia-espanola/destacados/103/programa-de-estabilidad-y-programa-nacional-de-reformas

[3] Entre otras menos afiliadas/os a la seguridad social y más gasto público ayudas por desempleo y otras prestaciones por el alto nivel de desempleo causado por el mismo sistema capitalista.

[4] La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No debemos, no pagamos! cifra en 1.427.355 millones de euros la cantidad total de las ayudas públicas recibidas por las entidades financieras en España. “Para que nos demos cuenta de la magnitud de este importe, pensemos en que con esta cantidad se podrían abonar las pensiones durante algo más de 11 años”. 64.262 millones de euros de los rescates a la Banca engrosaron la deuda pública. Véase: http://www.ecologistasenaccion.org/article26690.html

[5] 8.600.983 millones de €, esto son 25.768 € por habitante; en 1998 era de 4.359.035 millones €, el 72,80% del PIB, o 13.926 € por habitante. http://www.datosmacro.com/deuda/zona-euro

[6] “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.”