El pacto secreto internacional TiSA quitará a los Estados el control digital de los datos de sus ciudadanos

CARLOS ENRIQUE BAYO | Público.es

Cuanto más se examina el contenido del Trade in Services Agreement (TiSA) que medio centenar de países negocian a escondidas, más se comprende por qué esos gobiernos pretenden que permanezca en secreto incluso cinco años después de su entrada en vigor. Por ejemplo, si su Anexo sobre Comercio Electrónico es aplicado internacionalmente, los Estados perderán el control sobre dónde se almacenan y cómo se utilizan los datos de sus ciudadanos.

Una conclusión en la que coinciden expertos economistas y juristas consultados porPúblico, uno de los diez medios de comunicación de otros tantos países —desde Australia a Uruguay y de Islandia a Turquía— que ha colaborado con Wikileaks en una nueva exclusiva mundial: la filtración de 17 documentos internos que constituyen las actas de esa negociación secreta para establecer un tratado de comercio de servicios todavía más antidemocrático y neoliberal que el TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea.

El Artículo 2 del citado Anexo sobre Comercio Electrónico del TiSA, titulado “Movimiento de Información” o “Flujos de Información a través de Fronteras”, establece sin ambages en su primer punto que “ningún partícipe [país firmante del acuerdo] podrá impedir a un proveedor de servicios que transfiera, acceda, procese o almacene información, incluida información personal, dentro o fuera del territorio de ese partícipe, cuando esa actividad se efectúa en conexión con la gestión del negocio de ese proveedor de servicios”.

Es decir, el acuerdo secreto prohíbe categóricamente cualquier restricción en el flujo de datos personales de los ciudadanos a través de las fronteras, ya que vuelve a insistir en esa libre exportación de la información en su punto quinto: “Los partícipes no impedirán a los proveedores extranjeros de comercio electrónico, ni a los clientes de dichos proveedores, transferir información internamente o a través de fronteras, acceder a la información públicamente disponible o acceder a su propia información almacenada en el extranjero”.

Y todo ello es reforzado aún más en el Artículo 9, que establece que ningún país firmante podrá requerir a un proveedor de servicios que use instalaciones informáticas localizadas en su territorio para procesar y almacenar los datos de los usuarios, como condición para operar en ese país.

​Esta deslocalización de la información personal de los ciudadanos, en aplicación de la doctrina económica neoliberal a los datos informáticos, es francamente peligrosa porque la localización territorial de la información es a menudo imprescindible para garantizar la privacidad de los datos digitales o incluso asegurar la libertad de expresión, respetada en unos países y perseguida en otros.

Más aún, esta hiperliberalización del flujo internacional de la información personal de los ciudadanos de los países firmantes (incluidos todos los de la UE, representados por la Comisión Europea en una negociación secreta que cede a los deseos de EEUU, Canadá, Australia o incluso Suiza) está en conflicto con las propias normativas internas de la Unión Europea y la OCDE. Ambas organizaciones“prevén restricciones en la transferencia al extranjero de datos privados como uno de los métodos para que las compañías de servicios proporcionen un adecuado sistema de protección de la privacidad a los ciudadanos de los países” miembros, explica el abogado de Wikileaks Tamir Israel.

Los servicios secretos occidentales conocen tan bien la importancia crucial de la localización territorial de los datos que están permanentemente tratando de redirigir estratégicamente el tráfico de Internet hacia naciones o jurisdicciones amigas para asegurarse un acceso directo a esa información. Eso es lo que han practicado las agencias de inteligencia como la estadounidense NSA para desencadenar un espionaje masivo de la ciudadanía, tal como reveló el exanalista de la CIA Edward Snowden.

Precisamente por eso, el marco de normativas de la UE y de la OCDE sobre comercio electrónico, permite a los países bloquear las transferencias de datos a otros países donde no hay suficientes garantías de respeto a la privacidad de la información personal. Pero el TiSA no da margen ninguno a ese tipo de restricciones, algo que entra en conflicto directo con los compromisos internacionales de muchos de los países que participan en la negociación secreta de ese acuerdo y que son firmantes de las Privacy Guidelines de la OCDE actualizadas en 2013, de la Data Protection Directive de la UE, o de ambas.

Tanto es así que, tras la filtración de los documentos en Wikileaks, la eurodiputada Viviane Reding –exvicepresidenta de la Comisión y actualmente miembro de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara– ha reconocido al periódico italianoL’Espresso (uno de los principales socios colaboradores en esta exclusiva) que “los auténticos desafíos se plantean en el capítulo de Comercio Electrónico, que también ha sido filtrado. El documento muestra que varios de los participantes en el TiSA querrían socavar la privacidad de los datos con cláusulas multifunción, limitar la neutralidad de la Red con diversas excepciones y deshacer los estándares con exenciones universales de seguridad nacional“.

No obstante, Reding sostiene que “por muchas puertas de atrás que intenten abrir nuestros socios, estoy decidida a cerrarlas todas. La protección de datos no es una barrera comercial, sino un derecho fundamental no negociable (Artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la UE y Artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión).

Pero vamos a necesitar a muchas Reding para hacer frente al asalto combinado contra nuestros derechos de todas las potencias económicas y políticas del neoliberalismo.

50 países pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIP

CARLOS ENRIQUE BAYO | Público.es

El secretista tratado de libre comercio TTIP entre EEUU y la UE parecía imbatible comoCaballo de Troya de las multinacionales. Pero en realidad es casi una cortina de humo para tapar la verdadera alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo todavía más antidemocrático de intercambio de servicios entre medio centenar de países, incluida España, que no sólo se está negociando en el más absoluto de los secretos sino que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

El nivel de encubrimiento con el que se elaboran los artículos y anexos del TiSA –que cubren todos los campos, desde telecomunicaciones y comercio electrónico hasta servicios financieros, seguros y transportes– es incluso superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos, para el que se prevén cuatro años de vigencia en la clandestinidad. Sin embargo, Público ha accedido –gracias a su colaboración con Wikileaks–, en exclusiva para España, a los documentos originales reservados de la negociación en curso, donde queda patente que se está construyendo un complejo entramado de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales y burlar los controles parlamentarios sobre el mercado global.

Los asociados periodísticos de Wikileaks que participan junto a Público en esta exclusiva mundial son: The Age (Australia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Kathimerini (Grecia),Kjarninn (Islandia), L’Espresso (Italia), La Jornada (México), Punto24 (Turquía), OWINFS(Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Además, el TiSA es impulsado por los mismos gobiernos (EEUU y los de la UE) que impusieron el fallido modelo financiero desregulado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que provocaron la crisis financiera global de 2007-2008 (el crash del casino bursátil mundial simbolizado por el hundimiento de Lehman Brothers) que arrastró a las economías occidentales y todavía estamos pagando tras casi un decenio de austeridad empobrecedora, recortes sociales y rescates bancarios. Y lo que precisamente trata de imponer este nuevo pacto neoliberal mundial es la continuidad e intensificación de ese sistema, en beneficio desorbitado de las grandes compañías privadas transnacionales y atando las manos de gobiernos e instituciones públicas.

Esos objetivos son evidentes en la intención de mantener el tratado secreto durante años, puesto que así se impide que los gobiernos que lo ejecutan tengan que rendir cuentas ante sus parlamentos y ciudadanos. También es patente la intención fraudulenta de esa negociación clandestina por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, que requiere trabajos preparatorios y debates previos entre expertos y académicos, agencias no gubernamentales, partidos políticos y otros actores… algo a todo punto imposible cuando la elaboración de un acuerdo se efectúa en estricto secreto y a escondidas de la luz pública.

Por el momento, los gobiernos implicados en la negociación secreta del TiSA son: Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE, pese a ser un organismo no electo por sufragio universal. Además, entre los socios hay tres paraísos fiscales declarados, que participan activamente en la elaboración de los artículos, especialmente Suiza.

Los textos de la negociación secreta del TiSA que ahora desvela Wikileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo todo límite a sus instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores, a pesar de que fueron precisamente esos inventos financieros, como los derivados o los CDS (credit default swaps) –auténticas apuestas sobre posibles quiebras–, los que generaron la burbuja bursátil mundial que al estallar en 2007-2008 destruyó los fundamentos económicos de las potencias occidentales y obligó al rescate de esas entidades con cientos de miles de millones en fondos públicos.

Hace un año, Wikileaks ya filtró una pequeña parte de la negociación del TiSA (el anexo referido a Servicios Financieros, a fecha 19 de junio de 2014), pero hasta hoy no se había tenido acceso a las actas de las negociaciones secretas sobre todos los aspectos que cubrirá el futuro acuerdo: Finanzas (lo acordado a 23 de febrero de 2015), Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Transporte Aéreo y Marítimo, Distribución y Envíos, Servicios Profesionales, Transparencia, Movimientos de Personas Físicas, Regulaciones Nacionales Internas, Servicios Postales Universales…

Público ha tenido incluso acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel yTurquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende.

Es revelador el listado de las naciones latinoamericanas que participan en el TiSA, todas ellas fieles aliadas de EEUU como Colombia, México y Panamá (paraíso fiscal que es muy activo en la negociación), así como la exclusión no sólo de los países bolivarianos sino incluso de Brasil y otras potencias regionales de las que Washington no se fía. En realidad, todas las potencias emergentes del llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) han quedado apartadas del tratado secreto, precisamente porque serán las que más pierdan al aplicarse las condiciones pactadas.

No cabe duda de que se busca impedir el debate que reclamaron muchos países, sobre todo Ecuador, tras el crash financiero sobre las razones que lo provocaron y las soluciones para que no vuelva a producirse. EEUU, Canadá, Australia, Suiza y la UE se opusieron frontalmente incluso a las conclusiones de la Comisión Stiglitz de la ONU, en 2009,negándose a aceptar la evidente relación entre la desregulación bancaria/bursátil y la crisis, y en 2013 bloquearon todo intento de discutirlo en el seno de la OMC.

Entre lo más sarcástico del contenido del TiSA que ahora sale a la luz está la exigencia de transparencia total a las autoridades nacionales, que deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones y los lobbies comerciales internacionales tengan tiempo y recursos para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.

Una imposición a los estamentos públicos que exigen los que no sólo pactan en secreto su propio modus operandi, sino que incluso pretenden que sus acuerdos ya en vigor permanezcan durante años como top secret, negando a los órganos de la soberanía popular hasta el conocimiento de las reglas que van a aplicar los gobiernos de cada país en sus relaciones internacionales.

En cambio, los acuerdos del TiSA –que se negocian al margen del Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS) y de la OMC– toman en cuenta todas y cada una de las exigencias de la industria financiera de Wall Street y la City londinense, así como los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, para las que el tratado no sólo no es secreto sino su propio engendro. Como alertó hace meses la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, “el mayor peligro es que el TiSA impedirá a los gobiernos fortalecer las reglas del sector financiero”.

Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero mundial, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a apuntalar y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis; les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios; los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos; y los atará de manos si tratan de adoptar medidas para impedir o responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de los verdaderos motivos que arrastran su sociedad a la ruina.

A menos que los órganos de la soberanía popular impidan este golpe de Estado económico mundial.